El 20 de febrero pasado se encontraron los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Flores, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) en Guerrero. Llevaban siete días desaparecidos, luego de que fueran secuestrados en un acto público por personas que se identificaron como policías. Sus cuerpos tenían huellas de tortura.
Raúl Lucas y Manuel Ponce eran el presidente y el secretario de la OFPM, organización que, junto con la Organización del Pueblo indígena Me’ Phaa (OPIM), lleva más de diez años trabajando por los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos mixtecos y tlapanecos de la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Estas organizaciones se constituyeron para luchar por el respeto de sus derechos colectivos, después de que el 7 de junio de 1998 soldados del Ejército Mexicano masacraran a once indígenas que se encontraban en asamblea para planear proyectos productivos para sus comunidades en la comunidad del Charco, municipio de Ayutla, Guerrero. Este hecho ha sido documentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Desde el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cualquier organización indígena que pretenda realizar acciones encaminadas a la promoción y defensa de sus derechos es considerada afín a la guerrilla y perseguida por las policías locales y por el Ejército Mexicano, que prácticamente tiene sitiada la entidad.
A partir de la llegada del Ejército a las comunidades indígenas, las violaciones a los derechos humanos han ido en aumento. Los dirigentes de la OFPM y la OPIM han denunciado las violaciones sexuales que se cometen, el robo de alimentos, el cateo ilegal de sus propiedades, los interrogatorios ilícitos y las torturas que se han cometido en contra de los campesinos y campesinas de la zona.
El 4 de marzo de 2009, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Guerrero y a la Procuraduría General de la República (PGR) que garantice la seguridad de los testigos del secuestro, de los familiares de los dirigentes asesinados y de otros miembros de las organizaciones de derechos humanos de la zona. También pide que se investigue por qué el ministerio público y la policía se negaron a iniciar una investigación, a pesar de las denuncias presentadas.
Esta organización, que declaró “presos de conciencia” a cinco miembros de la OPIM encarcelados, ha pedido a la población general que envíe cartas a las autoridades mexicanas para encargarse del caso (Amnistía Internacional emprendió la campaña Temor por la Seguridad).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan declaró el 22 de febrero pasado: “Se trata de indígenas que tienen como único delito trabajar por el respeto de los derechos de las comunidades marginadas, por atreverse a levantar la voz para denunciar los abusos de las autoridades municipales, de las corporaciones policíacas y las actuaciones ilegales del Ejército en su región”.
El Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI) lamenta profundamente este acto de barbarie, pues el único “delito” que cometieron nuestros compañeros defensores del pueblo mixteco y tlapaneco fue el de denunciar las violaciones a las libertades tuteladas por nuestra Constitución y la legislación internacional sobre derechos humanos. Exigimos protección para los familiares y compañeros de la organización; hacemos un llamado a las autoridades para que cese el hostigamiento y la persecución de los pueblos indígenas y pedimos a la sociedad de Jalisco una enérgica condena a estos lamentables hechos, ya que no podemos hablar de una sociedad desarrollada mientras los derechos de los pueblos indígenas continúen siendo vulnerados.
Raúl Lucas y Manuel Ponce eran el presidente y el secretario de la OFPM, organización que, junto con la Organización del Pueblo indígena Me’ Phaa (OPIM), lleva más de diez años trabajando por los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos mixtecos y tlapanecos de la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Estas organizaciones se constituyeron para luchar por el respeto de sus derechos colectivos, después de que el 7 de junio de 1998 soldados del Ejército Mexicano masacraran a once indígenas que se encontraban en asamblea para planear proyectos productivos para sus comunidades en la comunidad del Charco, municipio de Ayutla, Guerrero. Este hecho ha sido documentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Desde el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cualquier organización indígena que pretenda realizar acciones encaminadas a la promoción y defensa de sus derechos es considerada afín a la guerrilla y perseguida por las policías locales y por el Ejército Mexicano, que prácticamente tiene sitiada la entidad.
A partir de la llegada del Ejército a las comunidades indígenas, las violaciones a los derechos humanos han ido en aumento. Los dirigentes de la OFPM y la OPIM han denunciado las violaciones sexuales que se cometen, el robo de alimentos, el cateo ilegal de sus propiedades, los interrogatorios ilícitos y las torturas que se han cometido en contra de los campesinos y campesinas de la zona.
El 4 de marzo de 2009, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Guerrero y a la Procuraduría General de la República (PGR) que garantice la seguridad de los testigos del secuestro, de los familiares de los dirigentes asesinados y de otros miembros de las organizaciones de derechos humanos de la zona. También pide que se investigue por qué el ministerio público y la policía se negaron a iniciar una investigación, a pesar de las denuncias presentadas.
Esta organización, que declaró “presos de conciencia” a cinco miembros de la OPIM encarcelados, ha pedido a la población general que envíe cartas a las autoridades mexicanas para encargarse del caso (Amnistía Internacional emprendió la campaña Temor por la Seguridad).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan declaró el 22 de febrero pasado: “Se trata de indígenas que tienen como único delito trabajar por el respeto de los derechos de las comunidades marginadas, por atreverse a levantar la voz para denunciar los abusos de las autoridades municipales, de las corporaciones policíacas y las actuaciones ilegales del Ejército en su región”.
El Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI) lamenta profundamente este acto de barbarie, pues el único “delito” que cometieron nuestros compañeros defensores del pueblo mixteco y tlapaneco fue el de denunciar las violaciones a las libertades tuteladas por nuestra Constitución y la legislación internacional sobre derechos humanos. Exigimos protección para los familiares y compañeros de la organización; hacemos un llamado a las autoridades para que cese el hostigamiento y la persecución de los pueblos indígenas y pedimos a la sociedad de Jalisco una enérgica condena a estos lamentables hechos, ya que no podemos hablar de una sociedad desarrollada mientras los derechos de los pueblos indígenas continúen siendo vulnerados.
Luis Orlando Pérez Jiménez S.J.
